Un hallazgo accidental en una investigación sobre gentrificación en el Sur Global.
Este texto no estaba planeado. Surgió como una digresión dentro de una investigación más amplia sobre gentrificación en ciudades del Sur Global: una nota al margen que terminó convirtiéndose en hallazgo. Lo presento como tal, un nudo teórico con el que tropecé sin buscarlo y que me parece demasiado significativo para dejar pasar.
I. El punto de partida: una ciudad en transformación
Medellín lleva más de una década siendo presentada al mundo como un caso de éxito urbano. La narrativa es conocida: la ciudad que superó su pasado violento, que ganó premios de innovación, que sedujo al nómada digital global. Sitios especializados como Nomad List la ubican de forma recurrente entre los mejores destinos de trabajo remoto en América Latina, y cada mes, según cifras del Sistema de Inteligencia Turística de Medellín citadas por El Colombiano, cerca de 8.300 trabajadores remotos internacionales aterrizan en el aeropuerto José María Córdova, atraídos por el clima, la conectividad y, sobre todo, por la brutal asimetría de poder adquisitivo que el tipo de cambio les concede frente a la población local.
Es, en términos académicos, un escenario de gentrificación transnacional: la llegada sostenida de capital externo que reconfigura el tejido urbano, desplaza a residentes históricos y transforma la función social del territorio. Barrios como El Poblado, Laureles y Provenza son hoy el epicentro visible de ese proceso. Los arriendos se dispararon. Los negocios de barrio cierran para dar paso a cafeterías de especialidad y coworkings. La población local de estratos medios y bajos migra hacia una periferia que la ciudad, cada vez más, la obliga a habitar.
Hasta aquí el análisis es relativamente convencional dentro de la literatura sobre desplazamiento urbano inducido por el turismo. Lo que no anticipé al iniciar esta investigación fue la capa que se encuentra debajo.
II. El hallazgo accidental: cuando el turismo tiene otra agenda
Durante este año he investigado la gentrificación. He recorrido a autoras y autores especializados en economía, urbanismo y el fenómeno mismo: desde Sharon Zukin hasta Richard Florida y Edward Glaeser, además de un buen número de artículos de investigación sobre la materia. En uno de mis videos más recientes en Instagram socialicé el concepto del Gay Index, de Richard Florida, y quise conocer la opinión de mis seguidores: cómo perciben la influencia de la comunidad gay en los procesos de gentrificación. Las respuestas fueron fascinantes. En los comentarios aparecieron ciudades de todo el mundo.
Sin embargo, hubo un nombre que se repitió con insistencia: Medellín. Y eso me llamó la atención, sobre todo porque Medellín había sido el foco de la primera parte de mi investigación, la que presenté en la primavera de este año. A partir de esos comentarios quise ahondar un poco más. Y, rastreando datos sobre flujos migratorios hacia la ciudad, me encontré, de forma accidental, con algo que vale la pena mencionar.
Migración Colombia reportó que, en lo corrido de 2026, ha inadmitido a cerca de 150 ciudadanos extranjeros en todo el país por indicios de turismo con fines de explotación sexual; de ellos, alrededor de 107 en el departamento de Antioquia. La mayoría fueron rechazados en el aeropuerto José María Córdova, que sirve a Medellín y al Valle de Aburrá. La cifra es reveladora no solo por su magnitud, sino por su ritmo: en todo 2025 hubo 110 inadmisiones a nivel nacional (80 de ellas en Antioquia), y para agosto de 2026 el departamento ya superaba por sí solo esa marca anual. La progresión durante el año no se estabiliza: se acelera. Se contaban 11 casos en Antioquia a finales de febrero, 48 en abril, 73 al cierre de mayo, 95 en julio y 107 en agosto.
La nacionalidad más frecuente entre los inadmitidos es, con diferencia, la estadounidense. Los vuelos de origen más recurrentes parten de Miami. El 31 de julio, incluso, Migración inadmitió en el José María Córdova a uno de los llamados creadores del movimiento Passport Bros, la hermandad informal de hombres (en su mayoría estadounidenses) que viajan a Medellín y a otras ciudades del mundo en busca de relaciones que las autoridades vinculan con la promoción del turismo sexual.
Un dato, en apariencia aislado, que abrió una serie de preguntas que no podía dejar sin respuesta.
III. El mecanismo: cómo se construye un destino de explotación
La explotación sexual en contextos turísticos no ocurre en el vacío. Requiere infraestructura, visibilidad y lo que las autoridades colombianas han denominado con precisión un “efecto llamada”. En este caso, ese efecto tiene un origen concreto y documentado: las redes sociales.
Según la directora regional de Migración Colombia en Antioquia, Paola Salazar, casi la totalidad de los extranjeros deportados o inadmitidos por estos motivos mencionó como detonante algún evento visto en Instagram o TikTok. No se trata de búsquedas espontáneas. Hay actores que producen y distribuyen contenido diseñado específicamente para posicionar a Medellín como destino de turismo sexual. Y, paradójicamente, algunos de esos actores son extranjeros que residen en la ciudad bajo la figura legal del nómada digital o del turista de largo aliento.
El caso más documentado públicamente es el del influencer conocido como “Chill Capo”, deportado en 2026 con prohibición de reingreso por cinco años tras promover fiestas y turismo sexual desde sus redes; a su situación migratoria irregular se sumó la sanción. Su caso no es excepcional: las autoridades señalan que hay varios ciudadanos extranjeros bajo investigación por producir contenido similar, cuyas identidades permanecen en reserva para no comprometer los procesos judiciales.
Lo que emerge de este patrón es una cadena de valor perversa. El nómada digital con acceso a audiencias en inglés produce contenido que monetiza la imagen de la mujer medellinense; lo distribuye en plataformas globales; y ese contenido actúa como reclamo para un turismo que llega a la ciudad con expectativas de explotación. La ciudad, en este esquema, deja de ser un destino:
La ciudad, en este esquema, no es un destino: es una mercancía.
IV. La conexión transnacional: Miami como nodo
Un elemento que merece análisis específico es la recurrencia de vuelos procedentes de Miami. Esa ciudad alberga una de las diásporas colombianas más numerosas de Estados Unidos, con una concentración significativa de población antioqueña. La tentación analítica sería trazar una relación causal directa entre la diáspora y el fenómeno. Sería metodológicamente impreciso y éticamente problemático.
Lo que sí permite sostener la evidencia es una hipótesis más matizada: las redes transnacionales de la diáspora funcionan como canales de circulación de información, tanto legítima como ilícita. Alejandro Portes, en su trabajo fundacional sobre el transnacionalismo, describió cómo las comunidades migrantes crean circuitos de intercambio que trascienden las fronteras nacionales y operan de forma simultánea en varios registros: económico, cultural, informacional. En ese marco, no es la diáspora antioqueña de Miami la que genera el turismo sexual. Son las mismas redes de conectividad que permiten que un colombiano en Miami envíe remesas a Medellín las que también permiten que ciertos contenidos digitales circulen con una eficiencia particular entre audiencias conectadas a ese territorio.
La distinción importa. No se trata de señalar a una comunidad, sino de entender cómo los flujos de información en redes transnacionales pueden ser capturados por actores que los utilizan con fines extractivos.
V. Gentrificación, “airbnbización” y la infraestructura del extractivismo
Existe un vínculo estructural entre la gentrificación y el turismo sexual que rara vez se analiza de forma conjunta. El primero provee la infraestructura que el segundo requiere.
El profesor Luis Fernando González Escobar, de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, ha descrito la “airbnbización” como uno de los motores silenciosos de la transformación urbana: la conversión masiva de vivienda residencial en hospedaje turístico a través de plataformas como Airbnb. Ese proceso no solo eleva el precio del suelo y desplaza a residentes históricos. También produce una oferta abundante de espacios privados, no regulados y de acceso fácil, que en algunos casos constituyen la logística básica del turismo sexual. Las investigaciones de Migración Colombia han confirmado reservas de fincas y apartamentos turísticos (con piscina, en zonas rurales) como parte de los “paquetes” ofrecidos a turistas con este perfil.
La gentrificación no es solo un efecto colateral del boom turístico: es una condición de posibilidad para ciertas formas de explotación. El territorio transformado por el capital externo se convierte, literalmente, en la plataforma sobre la que opera el extractivismo de cuerpos.
VI. El nómada digital como figura ambigua
Conviene resistir la tentación de construir al nómada digital como villano monolítico. La categoría es heterogénea: incluye programadores, diseñadores, consultores, escritores, marketers digitales y, sí, también creadores de contenido de diverso tipo. No todos generan impactos negativos, y culpar a la categoría entera sería tan impreciso como exonerar a todos sus miembros porque algunos aportan a la economía local.
Lo que sí permite señalar la evidencia es algo más estructural: la figura del nómada digital opera en un vacío regulatorio que facilita su captura por lógicas extractivas. La Visa V colombiana para trabajadores remotos, por ejemplo, no exige declaración de actividad económica específica ni mecanismos de verificación que permitan distinguir entre un desarrollador de software y un productor de contenido para adultos que utiliza el cuerpo de mujeres locales como materia prima.
Esa opacidad no es inocente. Es una brecha estructural que el mercado explota con eficiencia.
VII. La posición del observador: una nota metodológica
Escribo este texto desde Atlanta, Georgia.
Esa distancia geográfica tiene implicaciones metodológicas que vale la pena nombrar de forma explícita, siguiendo la tradición de la investigación situada que Sandra Harding y Donna Haraway han teorizado con rigor. No soy un observador neutro, ni pretendo serlo: tengo raíces en Colombia, una trayectoria profesional construida en parte desde ese territorio y un interés intelectual genuino en entender cómo los flujos de capital global afectan a las ciudades del Sur Global.
Esa posición de insider-outsider, como la describe la antropóloga Kirin Narayan, genera a la vez ventajas y limitaciones. Me permite reconocer patrones que quizá pasarían desapercibidos para un observador externo, pero también me obliga a una vigilancia constante sobre mis propios sesgos. Uno de ellos merece mención, porque atraviesa todo lo anterior: la evidencia disponible proviene, en buena parte, de quién es interceptado en un filtro migratorio, no de quién explota. El perfil del inadmitido refleja el criterio de la autoridad que lo detiene tanto como la conducta que se le atribuye. El extractivismo que aquí describo no es un atributo de la apariencia ni del estrato de quien viaja: es una relación de poder (cambiaria, migratoria, de género, a veces de edad) que puede vestirse de muchas formas, incluida la del profesional pulcro que produce el contenido en lugar de consumirlo.
Lo que presento aquí no es una conclusión definitiva. Es un mapa preliminar de conexiones que requieren investigación más sistemática.
VIII. Lo que las autoridades deberían estar haciendo
El análisis no tendría utilidad si no derivara en implicaciones concretas de política pública. Propongo cinco frentes, articulados desde la literatura sobre regulación del turismo y derechos urbanos.
1. Regulación de plataformas digitales. La coordinación ya iniciada entre Migración Colombia, Instagram y TikTok para identificar y retirar contenido que promueve el turismo sexual es un paso necesario pero insuficiente. Hace falta un marco legal que establezca responsabilidades claras para las plataformas y mecanismos de denuncia accesibles a la ciudadanía.
2. Control del mercado de vivienda turística. Ciudades como Barcelona, Ámsterdam y Lisboa han implementado registros obligatorios y cuotas para plataformas como Airbnb, con resultados documentados en la reducción de presión sobre el mercado residencial. Medellín tiene los instrumentos jurídicos para hacer lo mismo; ha carecido de voluntad política para aplicarlos con consistencia.
3. Trazabilidad en las visas de nómadas digitales. La Visa V debería incorporar una declaración de actividad económica y un mecanismo de verificación periódica que permita identificar a quienes producen contenido que afecta a terceros. No se trata de criminalizar el trabajo digital, sino de dotarlo de las mismas obligaciones de transparencia que se exigen a cualquier actividad económica formal.
4. Cooperación bilateral con continuidad institucional. Este frente dejó de ser una aspiración: en abril de 2026 se instaló una Mesa Conjunta de Investigación y Cooperación Internacional entre la Alcaldía de Medellín, Migración Colombia, la Fiscalía y Homeland Security Investigations (HSI), y hacia julio se formalizó un Task Force con el FBI y HSI orientado a identificar, antes incluso de que embarquen en Estados Unidos, a viajeros con antecedentes o intenciones de explotación sexual infantil. El reto ya no es crear el mecanismo, sino blindarlo: dotarlo de presupuesto y personal permanentes para que no dependa de la voluntad de una administración, someterlo a rendición de cuentas pública sobre capturas y condenas efectivas (no solo inadmisiones), y garantizar que la cooperación con agencias extranjeras respete el debido proceso y la soberanía judicial colombiana.
5. Protección de las víctimas como eje central. Ninguna política de control migratorio es suficiente si no va acompañada de recursos robustos para las personas explotadas. La investigación académica es unánime en este punto: las medidas de choque sin inversión en atención a víctimas tienden a desplazar el problema geográficamente, no a resolverlo.
IX. Cierre: lo que una digresión puede revelar
Empecé a investigar gentrificación. Encontré extractivismo de cuerpos. No son fenómenos separados.
Lo que los conecta es una misma lógica: la del capital externo que llega a un territorio con poder adquisitivo superior, consume lo que ese territorio ofrece y se marcha sin dejar valor real en él. En un caso, lo que se consume es el espacio urbano; en el otro, la integridad de mujeres y de niñas y niños que habitan ese espacio. Nombrar ambos bajo la figura del consumo no busca equipararlos moralmente (el abuso de un menor no es un alza de arriendo), sino insistir en que comparten una gramática de fondo: el otro reducido a recurso.
La brutalidad de la segunda forma no debe invisibilizar la primera. Y la relativa aceptación social de la primera no debe volver tolerable la segunda.
Medellín está en el centro de ambas conversaciones. Y esa coincidencia no es accidental.
Referencias
González Escobar, L. F. (2023). Islas de globalización y turistificación en Medellín. Bitácora Urbano Territorial, Universidad Nacional de Colombia.
Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3), 575–599.
Harding, S. (1986). The Science Question in Feminism. Cornell University Press.
Migración Colombia (2026). Reportes de inadmisión por turismo con fines de explotación sexual. Gobierno de Colombia.
Narayan, K. (1993). How Native Is a “Native” Anthropologist? American Anthropologist, 95(3), 671–686.
Portes, A. y Rumbaut, R. G. (2006). Immigrant America: A Portrait. University of California Press.
Sistema de Inteligencia Turística de Medellín, cifras citadas en El Colombiano (2024–2026) y Universidad EAFIT.
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